El Gobierno endurecerá la vigilancia en el caladero español para intentar frenar la pesca ilegal y la sobreexplotación de los recursos. Ayer trasladó al sector que a partir del 1 de febrero será inflexible en la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Pesca Marítima.

El director general de Recursos Pesqueros, Fernando Curcio, advirtió de que España exigirá a sus barcos disciplina en todo lo relativo a pesca ilegal en reservas marinas, capturas de pezqueñines y especies protegidas, o en casos de utilización de artes no permitidas.

Asimismo, la Administración también penalizará cualquier obstrucción a la inspección que lleven a cabo los barcos españoles y anunció que, en estos casos, los servicios de Pesca procederán de inmediato a la retención del buque hasta que pague primero la fianza y, luego, la sanción correspondiente.

No es que el Ministerio de Agricultura y Pesca vaya a incrementar las sanciones ya previstas, pero sí que, a partir del 1 de febrero, vigilará estrechamente su cumplimiento, e impondrá las sanciones previstas. Por ejemplo, en el caso de la captura de pescado de tamaño no reglamentario, multas que oscilan entre los 3.000 euros con los que se castigan cien kilos de inmaturos y los 15.000 que se imponen si las capturas superan los 500. Además, si los barcos son reincidentes se aplicará una multa de 5.000 euros adicionales en cada una de las franjas.

Curcio reconoció ayer que los últimos apresamientos de varios barcos españoles en aguas de Svalbard (Noruega) y al oeste de Irlanda han hecho que el Gobierno traslade al sector la necesidad de respetar la normas de pesca responsable en todos los caladeros «por la mala imagen que se está transmitiendo».

Según los datos que facilitó el director de Recursos, «la flota española, tanto en aguas del caladero nacional como en las internacionales, comete una media de 3.500 infracciones a la Ley de Pesca Marítima por año».