Hace días que la toxina comenzó una lenta retirada de las rías gallegas. Durante unas jornadas, ese retroceso de la marea roja se tradujo en aperturas aisladas de polígonos. Hasta el miércoles. Ese día, por la noche, los mejilloneros recibían una buena noticia: la apertura en bloque de cuatro polígonos en la ría de Arousa. Ayer se pudo trabajar, por tanto, en 17 zonas de producción de toda Galicia, lo que permitió que una organización de bateeiros como Opmega doblase la cantidad de bivalvo que estaba sacando al mercado -ayer comercializó 500.000 kilos-. Y el volumen podría haber sido mayor si, como aseguraron desde la directiva de esa organización, no fuese porque algunas grandes conserveras prefieren esperar aún un poco más hasta que «se les pueda garantizar el suministro».

Los responsables de Opmega volvieron a cargar ayer contra el sistema de detección de toxinas que se realiza desde el Intecmar. Aseguran que, si la Xunta hubiese desarrollado una normativa europea que entró en vigor el 1 de enero de este año, para abrir un polígono cerrado sería suficiente con un resultado negativo si se cumpliesen otros parámetros: que los índices de toxicidad disminuyan de forma continua y que no se detecte presencia de toxinas en las aguas.

La no aplicación de esa norma es un motivo más de descontento con la Consellería de Pesca. Opmega, Agame y Arousa Norte plantaron el miércoles a la conselleira tras comprobar cómo a una reunión solicitada por ellos habían sido invitados otros representantes de los productores e, incluso, de los depuradores.

Gallego dijo ayer en Vigo no ser capaz de entender ese plante. Reconoció que se habían introducido cambios en la convocatoria, y explicó que esa circunstancia se había producido para trasladar a todo el sector nueva información sobre las ayudas del Prestige : el Gobierno central acepta pagar 12.000 euros por batea, 5.000 euros menos de los previstos por la Xunta y los productores.